El Court of Arbitration for Sport -CAS- no gobierna el deporte global aprobando calendarios, reglamentos o formatos de competición. Su poder funciona de otra manera: se ha convertido en la instancia donde esas reglas se interpretan, se validan, se corrigen o se limitan. En un sistema cada vez más condicionado por litigios, sus resoluciones terminan moldeando quién puede competir, bajo qué bandera, qué clubes acceden a Europa, qué margen tienen los propietarios, cómo se aplican las reglas antidopaje o quién puede presentarse a unas elecciones federativas.
La dimensión de ese papel se aprecia en su propia carga de trabajo. En 2024, el CAS registró 917 procedimientos, con 642 apelaciones, 200 procedimientos ordinarios, 41 casos de la Anti-Doping Division y 13 mediaciones. Las apelaciones siguen siendo el núcleo de su actividad, una señal de que muchas decisiones adoptadas por federaciones y organismos deportivos terminan revisándose en Lausana. En 2025, además, el fútbol representó el 77% de los casos registrados ante el CAS, según el informe CAS & Football Annual Report publicado por FIFA.
Un tribunal integrado en la arquitectura del deporte
El CAS nació como una vía especializada para resolver disputas deportivas, pero su peso actual procede de la arquitectura del propio sistema. Muchas federaciones incorporan cláusulas arbitrales que obligan a deportistas, clubes y federaciones nacionales a agotar primero las vías internas y acudir después al tribunal. En la práctica, el acceso al deporte internacional suele venir acompañado de una cláusula arbitral que convierte al CAS en la última instancia deportiva.
Ese diseño aporta rapidez, especialización y una cierta uniformidad en un ecosistema global, pero también plantea preguntas sobre independencia, acceso a la justicia y control externo. El International Council of Arbitration for Sport -ICAS- administra y financia el CAS y tiene entre sus funciones salvaguardar su independencia, aunque el sistema sigue vinculado a la estructura institucional del deporte internacional. Cuanto más decisivas son sus resoluciones, más relevante se vuelve una pregunta de fondo: quién revisa al revisor.
Geopolítica y neutralidad olímpica
La participación de deportistas de Rusia y Bielorrusia en competiciones internacionales ha situado al CAS en la frontera entre sanción geopolítica, neutralidad olímpica, autonomía federativa y derechos individuales de los atletas. En diciembre de 2025, el tribunal estimó parcialmente recursos contra la Federación Internacional de Esquí y Snowboard -FIS- y determinó que los atletas rusos y bielorrusos que cumplieran los criterios del Comité Olímpico Internacional -COI- para competir como Individual Neutral Athletes -AIN- debían poder participar en eventos clasificatorios para Milano Cortina 2026 y en los Juegos. El caso fijó límites prácticos a la capacidad de una federación internacional para excluir incluso a deportistas que cumplieran los criterios de neutralidad definidos por el COI. El CAS no redactó la política olímpica, pero intervino en su aplicación real.
Otro caso reciente en Milano Cortina fue el de Vladyslav Heraskevych. El ucraniano recurrió al CAS tras ser apartado por intentar competir con un casco en recuerdo de deportistas ucranianos muertos en la guerra. En esta ocasión, el tribunal rechazó el recurso y mantuvo la línea olímpica.
La misma lógica aparece en casos que afectan a la identidad, el cuerpo y la reputación de los deportistas. En el caso de Caster Semenya, el poder del CAS se manifestó al validar la capacidad de World Athletics para aplicar una normativa de elegibilidad. La decisión avaló, en la práctica, que una federación pudiera condicionar el acceso de una deportista a su categoría competitiva por criterios biológicos fijados reglamentariamente, pese al impacto directo sobre su carrera, su identidad deportiva y sus derechos individuales. En el caso de Kamila Valieva, el CAS ejerció ese poder en otro plano: al resolver el procedimiento antidopaje derivado de Beijing 2022, su decisión terminó determinando las consecuencias oficiales de una competición olímpica ya celebrada, con efectos sobre la clasificación del evento por equipos de patinaje artístico, la reasignación de medallas y la reputación de atletas, entrenadores, comités olímpicos y del propio sistema antidopaje.
El fútbol de inversión también se decide en Lausana
El crecimiento del CAS también está ligado a la nueva economía del fútbol. La propiedad multiclub ha dejado de ser una cuestión corporativa para convertirse en un problema de integridad competitiva. Crystal Palace, DAC 1904 y Drogheda United han llevado al tribunal conflictos relacionados con las normas de UEFA sobre control, influencia y acceso a competiciones europeas. En el caso de Crystal Palace, UEFA rechazó su admisión en la Europa League 2025/26 y aceptó su participación en la Conference League por el incumplimiento de las reglas de propiedad multiclub, una decisión recurrida ante el CAS.
Ese tipo de disputas muestra cómo el CAS está entrando en el corazón del fútbol contemporáneo: fondos de inversión, redes de clubes, estructuras de control, intereses compartidos y riesgo de conflicto competitivo. A medida que el fútbol se organiza en ecosistemas empresariales cada vez más complejos, Lausana se convierte en el lugar donde se interpretan los límites jurídicos de esa concentración de poder.
Otro ejemplo llegó con Samuel Eto’o. En marzo de 2025, el CAS estimó su recurso y el de la Federación Camerunesa de Fútbol -FECAFOOT- contra la Confederación Africana de Fútbol -CAF-, y ordenó incluirlo en la lista de candidatos al Comité Ejecutivo. El efecto fue directo sobre el campo electoral de una confederación continental. No se trató de un partido, una sanción deportiva o una inscripción de jugadores, sino de quién podía aspirar a gobernar dentro de la estructura del fútbol africano.
El tribunal que también empieza a ser juzgado
El crecimiento del CAS no ha eliminado la supervisión externa. El caso RFC Seraing v FIFA ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea marcó un contrapunto relevante al establecer que las resoluciones del CAS deben poder ser revisadas por tribunales nacionales de la Unión Europea cuando esté en juego el orden público europeo o derechos garantizados por el Derecho de la UE. La decisión no elimina el papel del tribunal de Lausana, pero sí limita la idea de que sus fallos sean absolutamente finales en Europa.
El CAS no sustituye a FIFA, UEFA, el COI o World Athletics como legisladores deportivos, pero cada vez decide más sobre el significado real de sus normas. El CAS se ha convertido en una instancia donde se resuelven disputas que antes podían quedar encapsuladas dentro de las federaciones. Cuando un conflicto electoral, disciplinario o estatutario llega a Lausana, la decisión ya no pertenece solo al organismo deportivo que dictó la norma original. Pasa a formar parte de un sistema arbitral que puede validar, corregir o limitar el poder federativo.
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The Court of Arbitration for Sport -CAS- does not govern global sport by approving calendars, regulations or competition formats. Its power works in another way: it has become the place where those rules are interpreted, validated, corrected or limited. In a system increasingly shaped by litigation, its decisions are helping define who can compete, under which flag, which clubs enter Europe, how much room owners have, how anti-doping rules are applied and who can stand in federation elections.
The scale of that role can be seen in its own workload. In 2024, CAS registered 917 procedures, including 642 appeals, 200 ordinary procedures, 41 Anti-Doping Division cases and 13 mediations. Appeals remain the core of its activity, a sign that many decisions taken by federations and sports bodies end up being reviewed in Lausanne. In 2025, football also accounted for 77% of the cases registered before CAS, according to the CAS & Football Annual Report published by FIFA.
A court built into the architecture of sport
CAS was created as a specialised route for resolving sports disputes, but its current weight comes from the architecture of the system itself. Many federations include arbitration clauses that require athletes, clubs and national federations to first exhaust internal remedies and then go to the tribunal. In practice, access to international sport often comes with an arbitration clause that turns CAS into the final sporting instance.
That design provides speed, expertise and a degree of consistency in a global ecosystem, but it also raises questions about independence, access to justice and external oversight. The International Council of Arbitration for Sport -ICAS- administers and finances CAS and is responsible for safeguarding its independence, although the system remains linked to the institutional structure of international sport. The more decisive its rulings become, the more relevant one underlying question becomes: who reviews the reviewer?
Geopolitics and Olympic neutrality
The participation of athletes from Russia and Belarus in international competitions has placed CAS on the boundary between geopolitical sanction, Olympic neutrality, federation autonomy and the individual rights of athletes. In December 2025, the tribunal partially upheld appeals against the International Ski and Snowboard Federation -FIS- and ruled that Russian and Belarusian athletes who met the International Olympic Committee -IOC- criteria to compete as Individual Neutral Athletes -AIN- should be allowed to take part in qualifying events for Milano Cortina 2026 and in the Games. The case set practical limits on the ability of an international federation to exclude even athletes who met the neutrality criteria defined by the IOC. CAS did not write Olympic policy, but it intervened in its real application.
Another recent case in Milano Cortina involved Vladyslav Heraskevych. The Ukrainian appealed to CAS after being removed for trying to compete with a helmet commemorating Ukrainian athletes killed in the war. On that occasion, the tribunal dismissed the appeal and upheld the Olympic line.
The same logic appears in cases affecting athletes’ identity, bodies and reputations. In the case of Caster Semenya, CAS’s power was seen in its validation of World Athletics’ ability to apply eligibility rules. The decision in effect upheld the possibility for a federation to condition an athlete’s access to her competitive category on biological criteria set by regulation, despite the direct impact on her career, sporting identity and individual rights. In the case of Kamila Valieva, CAS exercised that power on another level: by resolving the anti-doping procedure arising from Beijing 2022, its decision ended up determining the official consequences of an Olympic event already held, with effects on the team figure skating standings, the reallocation of medals and the reputation of athletes, coaches, Olympic committees and the anti-doping system itself.
Investment football is also decided in Lausanne
The growth of CAS is also tied to the new economy of football. Multi-club ownership has moved beyond a corporate issue to become a matter of competitive integrity. Crystal Palace, DAC 1904 and Drogheda United have taken disputes to the tribunal over UEFA rules on control, influence and access to European competitions. In the Crystal Palace case, UEFA rejected the club’s admission to the 2025/26 Europa League and accepted its participation in the Conference League because of a breach of multi-club ownership rules, a decision appealed before CAS.
These disputes show how CAS is entering the heart of contemporary football: investment funds, club networks, control structures, shared interests and the risk of competitive conflict. As football is organised into increasingly complex business ecosystems, Lausanne becomes the place where the legal limits of that concentration of power are interpreted.
Another example came with Samuel Eto’o. In March 2025, CAS upheld his appeal and that of the Cameroonian Football Federation -FECAFOOT- against the Confederation of African Football -CAF-, and ordered that he be included on the list of candidates for the Executive Committee. The effect was direct on the electoral field of a continental confederation. This was not about a match, a sporting sanction or a player registration, but about who could aspire to govern within the structure of African football.
The court that is also starting to be judged
The growth of CAS has not removed external oversight. The RFC Seraing v FIFA case before the Court of Justice of the European Union marked a relevant counterpoint by establishing that CAS decisions must be open to review by national courts in the European Union when European public policy or rights guaranteed under EU law are at stake. The decision does not remove the role of the Lausanne tribunal, but it does limit the idea that its rulings are absolutely final in Europe.
CAS does not replace FIFA, UEFA, the IOC or World Athletics as sporting lawmakers, but it increasingly decides what their rules mean in practice. CAS has become a forum where disputes that might once have remained contained within federations are resolved. When an electoral, disciplinary or statutory conflict reaches Lausanne, the decision no longer belongs only to the sports body that issued the original rule. It becomes part of an arbitration system that can validate, correct or limit federation power.
